Numerosos estudios confirman que, en todo el mundo, el área de la construcción es la más estremecida por escándalos de corrupción. Miami no es excepción.
Por Emilio J. Sánchez
Los7Días.com
No se dan por vencidos.
Cada cierto tiempo promotores inmobiliarios sostienen un pulso con las leyes y reglamentos de las ciudades. Llevados por sus afanes lucrativos, desconocen la tradición arquitectónica, los sentimientos de la comunidad y la cultura de vida de los vecindarios.
Para ello recurren a toda suerte de recursos, desde los legales hasta los ilegales.
Un paseo por Coral Way, en el corto trayecto de 1 kilómetro podría mostrar dos pirámides a la ilegalidad. Se trata de las imponentes edificaciones de la 31 Road y 26 Road que violaron códigos de Miami 21. Como otras veces y en otros sitios, los inversionistas se salieron con la suya. ¿Cómo lo lograron? En opinión de algunos, las mañas a las que recurren ciertos empresarios se repiten: promesas de financiamiento para campañas políticas, viajes, favores, y quizás algo más. Y, claro, se aprovechan de la ignorancia, pasividad o indiferencia de la opinión pública.
La prensa ha reflejado en parte este azote, como lo hizo a principios del 2015, cuando el departamento de Planificación y Zonificación de Miami fue acusado de asesorar a una compañía sobre cómo evadir los requerimientos de Miami 21 (el plan maestro de desarrollo urbano de Miami-Dade) respecto de un proyecto en Watson Island.
Ciudadanos desprotegidos
Por lo general, los ciudadanos permanecen ajenos a estos tejemanejes. No saben cómo defenderse. No cuentan con medios para pagar abogados. Las discusiones públicas se realizan en horario laboral y las privadas en rincones en penumbras. Se supone que los comisionados sean sus representantes y los defiendan. Pero esto no siempre ocurre.
Ello explica que las asociaciones de vecinos se movilicen, alcen su voz y hasta llenen ayuntamientos para impedir toda clase de atropellos, como ha sucedido en los últimos cinco años por idéntica razón: la contradicción entre los intereses de compañías inmobiliarias y los residentes.
En el 2013 los vecinos de Brickell lograron detener un plan que suponía la tala de 75 árboles. En el 2015 se enfrentaron inversionistas a inquilinos y propietarios en La Pequeña Habana a propósito de un intento de rezonificación. Un problema similar surgió en Overtown y más de 50 residentes llevaron su protesta al mismo ayuntamiento de Miami.
En el 2016 vecinos del distrito 3, que entonces representaba el comisionado Frank Carollo, se opusieron a una propuesta de cambio de zonificación de una parcela en la 13 avenida y 22 Terrace del Southwest para levantar un garaje desproporcionado y, de paso, agigantar la estructura de un proyecto habitacional en Coral Way.
En el 2017 un plan auspiciado por el departamento de Departamento de Planificación y Zonificación de la Ciudad de Miami podría haber permitido que urbanizadores levantaran estacionamientos disfrazados en áreas residenciales. Gracias a la movilización de los vecinos del distrito 3, convocados por Luis Herrera, presidente de Vizcaya Roads Homeowners Association, y con el apoyo del comisionado Carollo, pudo echarse abajo la propuesta.
Nada ha cambiado
Desde entonces nada ha cambiado, salvo el tráfico que se ha desbordado y cuya congestión se extiende por los barrios y en ocasiones pone en peligro las vidas de los transeúntes. No se entiende, pues, el retorno del mismo “muñeco”, ahora en forma de ordenanza, que el Departamento de Planeamiento y Construcción de la Ciudad de Miami se propone explicar esta semana a los ciudadanos en una reunión comunitaria.
El borrador, que busca enmendar Miami 21 (texto casi ya irreconocible, de tantas modificaciones) puede consultarse en el sitio web de la Ciudad. Esta permitiría, por excepción, instalaciones de estacionamiento en ciertas zonas de T5 y T6 que linden con zonas T3, o sea, residenciales, si satisfacen ciertas condiciones (que no se especifican) entre las avenidas 27 y 17 del Southwest. El comisionado Manolo Reyes, del distrito 4, patrocina dicha ordenanza.
Así pues, en la letra, nos dicen que el área seguiría siendo residencial (T3), aunque incorporaría una excepción, precisamente, permitir estacionamientos (entiéndase: moles de concreto), lo cual es un contrasentido. Como en el pasado, hay detalles sobre los cuales nadie tiene garantías de que se cumplan (porque, si ya han existido violaciones al plan maestro, ¿qué puede impedir los incumplimientos de una simple ordenanza?). ¿Echarán abajo las construcciones cuando se detecten alteraciones a lo acordado?
Demandas amenazan
Algunos vecinos, temiendo que sigan levantando edificios en medio de sus barrios, se tranzan por este compromiso, que los librarían –arguyen— de seguir participando en el futuro de nuevas pujas de rezonificación. Pero, en realidad, nadie puede garantizar nada. En caso de aprobarse esta ordenanza, y una vez fijado el precedente, los vecindarios de todas las ciudades del condado estarían amenazados por demandas similares.
El embellecimiento de Coral Way es muy bienvenido, pero no a contrapelo de la ley ni irrespetando la voluntad de los vecinos. Aquellos inversionistas que adquirieron terrenos a lo largo de esta emblemática avenida lo hicieron a sabiendas de que existían límites a las construcciones. Harían bien en respetarlos.
Ojalá que los comisionados de la Ciudad de Miami reflexionen y no cedan a presiones de inversionistas. La guía debe ser adscribirse a la ley, respetar las zonificaciones, preservar los vecindarios como enarboló Miami 21. Su misión es servir, por encima de todo, a los ciudadanos, los votantes, aquellos que los llevaron a los puestos que hoy ocupan.
Ojalá que llueva sobre terreno seco.
