Por Andrés Hernández Alende
Los7Días.com
Los conservadores en el Congreso de los Diputados de España acusan desde hace meses al gobierno socialista de negligencia ante la epidemia de coronavirus. La oposición de derecha afirma que el gobierno de Pedro Sánchez no debió haber permitido las manifestaciones multitudinarias del 8 de marzo (8M) por el Día Internacional de la Mujer, ya que el contacto de miles de personas en las calles españolas aumentó la propagación del virus. La Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo, tres días después del evento.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y miembro del derechista Partido Popular (PP), dijo que la manifestación del 8M en la capital española, a la que asistieron 120.000 personas, fue “el mayor infectódromo de España”. Pero el sistema de justicia archivó la causa contra las autoridades el 12 de junio, al no poder demostrar que hubiera mala fe.
La oposición usó la investigación sobre el 8M para socavar al gobierno de Sánchez. Es muy probable que las manifestaciones causaran contagios, pero sobre todo hay que señalar la respuesta tardía ante la difusión del virus y el debilitamiento del sistema de salud pública provocado por el afán privatizador de los anteriores gobiernos del PP y por los efectos de la crisis financiera de 2008.
En los Estados Unidos, donde al momento de escribir este artículo habían ocurrido 117.527 muertes (mucho más que en cualquier otro país), los seguidores incondicionales del presidente Donald Trump también han actuado de manera similar a los conservadores del otro lado del Atlántico. Están achacando el incremento de los contagios de COVID-19 a las manifestaciones contra el racismo que han sacudido al país y se han extendido a otras naciones. Las protestas fueron causadas por el brutal asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, el 25 de mayo.
Es posible que la reunión de miles y miles de personas en las calles haya aumentado la cantidad de casos de coronavirus. Pero la propagación de la enfermedad ya crecía vertiginosamente desde antes de que ocurrieran las manifestaciones, debido en gran medida a la torpe respuesta gubernamental. A la ecuación hay que agregar la reapertura de muchos negocios –incluso de negocios no esenciales– cuando aún la pandemia estaba en una curva ascendente en los Estados Unidos, la ausencia de un confinamiento estricto y el errático cumplimiento de medidas de precaución como el distanciamiento social. Aun en pleno apogeo del COVID-19 en el país, era posible viajar en avión entre los estados norteamericanos –con algunas excepciones– en calidad de turista y hospedarse en hoteles, a diferencia de las estrictas medidas tomadas en muchos países europeos y en China, por ejemplo. Un vistazo a las estadísticas demuestra la ineficacia de la estrategia gubernamental en los Estados Unidos, mucho antes del asesinato de Floyd y de las protestas masivas.
En ambos casos, el de España y el de los Estados Unidos, la crisis del coronavirus se usa como un arma política contra movimientos progresistas. Cierto: las concentraciones de grandes grupos de personas crean el riesgo de aumentar los contagios. Pero los recortes al sistema de salud pública en España, y la inexistencia de un sistema público en los Estados Unidos, han sido y son un peligro mucho mayor para el bienestar y la seguridad de la gente.
