Por David Torres
Los7Días.com
Tal parece que por primera vez en la historia de Estados Unidos la ardua labor de los trabajadores indocumentados se ha hecho visible para quienes hasta no hace mucho tiempo ni siquiera los consideraban indispensables. Y lo más bochornoso del caso es que había —y hay todavía— quienes pugnaban y pugnan por su deportación, dado su estatus migratorio.
Pero resulta que de buenas a primeras, en el contexto de los estragos que la pandemia de COVID-19 está causando en el mundo entero, pero particularmente ahora en Estados Unidos, se reconoce que los migrantes indocumentados, empezando por los trabajadores agrícolas, son esenciales para asegurar el funcionamiento de una sociedad en la que la avaricia y el ninguneo hacia el “Otro” definen prácticamente todos sus aspectos, situación que se ha exacerbado durante la presente administración; una administración que se ha encargado consistentemente de deshumanizar al inmigrante, llamándolo “delincuente”, “narcotraficante”, “violador”, “portador de enfermedades” y originario de “países de mierda”, como lo manifestó abiertamente en su momento el propio mandatario de la considerada nación más “poderosa” y “humanitaria” del mundo.
Así, en un giro sorprendente, a finales del mes pasado el gobierno dio instrucciones para agilizar los trámites de las personas que solicitan la visa H-2, para trabajadores del campo, pues en su concepto este programa de visas “es esencial para la economía, y asegurar el abasto de alimentos es una prioridad nacional”.
Pero mientras dicho trámite se acelera y se permite el ingreso de otros trabajadores agrícolas, basta voltear la vista hacia los campesinos que ya están aquí, una inmensa mayoría de los cuales sin documentos, y que se han encargado durante años de asegurar que el resto de la población tenga alimentos en sus mesas todos los días, independientemente de su estatus migratorio.
Sí, trabajadores que siguen recibiendo bajos salarios, que ganan solamente entre 17,500 y 20,000 dólares al año; que por su situación migratoria no tienen acceso a seguro médico o beneficios públicos, y que han quedado fuera del paquete de ayuda económica aprobado por el gobierno para paliar en parte la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Eso, sin olvidar las condiciones en que trabajan, exponiéndose a climas extremos, a productos químicos peligrosos y ahora al COVID-19.
A este específico grupo de trabajadores se han sumado para enfrentar esta pandemia otros inmigrantes que igualmente se encuentran en situación migratoria vulnerable, como los Dreamers, más de 27,000 de los cuales trabajan en el sector de la salud ahora mismo, y a los que se agregan por supuesto los trabajadores de la limpieza y otros servicios indispensables todo el tiempo, especialmente en un momento como este.
Es decir, mientras los demás nos encontramos en casa para evitar la propagación del nuevo virus, hay miles de indocumentados que, junto con otros segmentos de la fuerza laboral estadounidense de todas las comunidades, son indispensables por su función en la sociedad y no pueden detener sus actividades, sino a riesgo de empeorar esta crisis de salud pública que ha obligado a la mayor parte de la sociedad a un repliegue estratégico.
Su utilidad, como se ve, está más que probada no solamente en este momento histórico que ha venido a minar el funcionamiento regular del planeta, sino que su participación es al mismo tiempo una prueba irrefutable de su aporte diario también en épocas de estabilidad socioeconómica. De hecho, las refuerzan. Eso lo sabe incluso la actual familia presidencial, que también ha contratado trabajadores indocumentados para mantener a flote sus diversos negocios en el país.
Esa muestra de su dedicación, entrega y múltiples aportaciones debería ser razón suficiente para hacer reflexionar a todas las partes involucradas en la toma de decisiones, a nivel legislativo, ejecutivo y judicial, para regularizar de una vez por todas la situación migratoria de esos y en general de los 11 millones de trabajadores indocumentados que día a día muestran cuán indispensables son para el funcionamiento de un sistema que los utiliza, sí, pero que al mismo tiempo los ningunea; que los explota, sí, pero que a la vez los rechaza, como ocurrió en el siglo pasado con las masivas deportaciones de mexicanos y de estadounidenses de origen mexicano en la década de 1930, la llamada década de la traición, en el contexto de la peor crisis económica registrada en Estados Unidos y una de las peores muestras de racismo y xenofobia de que se tenga memoria.
Se hace urgente, entonces, que se les coloque ya en el lugar que merecen en la sociedad estadounidense, antes de que ocurra lo mismo que con los inmigrantes que sirven en las Fuerzas Armadas, quienes una vez que termina el conflicto en el que participan y arriesgan la vida, son colocados en procesos de deportación por carecer de documentos migratorios. O bien, aquellos otros migrantes que reconstruyen ciudades después de un desastre, pero que una vez que terminan su labor son rechazados por autoridades y comunidades locales.
De tal modo que si ya se reconoció oficial y socialmente que son esenciales para el mantenimiento económico y alimentario de este país, es esencial al mismo tiempo que se regularice su situación migratoria y se les reivindique justamente como al resto de la población a la que ya pertenecen por derecho propio.
