Por Andrés Hernández Alende
Los7Días.com
La Asociación Nacional del Rifle (NRA), la organización propagandística de los fabricantes de armas en los Estados Unidos, demandó el viernes al gobernador de California, Gavin Newsom, y a otros funcionarios del estado.
¿Por qué? Porque, en el marco de las medidas para frenar la epidemia de coronavirus, el gobierno del Estado Dorado consideró que las tiendas de venta de armas no son negocios esenciales. Y en el condado de Los Ángeles, el jefe de policía, Alex Villanueva, siguiendo la orden ejecutiva del gobernador Newsom sobre los negocios esenciales y no esenciales, decidió que todas las tiendas de venta de armas y municiones debían cerrar.
Además de Newsom y Villanueva, también están acusadas en la demanda la directora del Departamento de Salud Pública de California, la doctora Sonia Angell, y la directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles, la doctora Barbara Ferrer.
“He ordenado a mis alguaciles que cierren los negocios que no han hecho caso de la orden del gobernador”, dijo Villanueva. Entre esos negocios están las armerías y clubes de bailarinas exóticas.
La NRA alega en la demanda que la orden de cerrar las tiendas de armas infringe el derecho a la tenencia de armas, consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución, que data de 1787. La Segunda Enmienda es invocada constantemente por la NRA y los demás partidarios de la posesión de armas por la ciudadanía. Pero también se debate frecuentemente si una enmienda promulgada durante la guerra por independizarse de Gran Bretaña, bajo circunstancias totalmente distintas a las actuales, mantiene su vigencia. La enmienda se refiere a una milicia: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. La milicia a la que se refería la enmienda, en el momento de su promulgación, era una tropa de hombres blancos que podía reunirse rápidamente, armas en mano, para hacer frente a un ataque británico. Esa milicia ya no existe o, si se le quiere encontrar un equivalente, sería las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Nada que ver con la actual interpretación absurda que permite que cualquiera tenga en su casa un arsenal de pistolas y fusiles automáticos, con el peligro consecuente si el dueño de la artillería tiene trastornos mentales.
Los Estados Unidos son actualmente el epicentro de la temida epidemia del COVID-19. Hasta este domingo 29 de marzo, habían ocurrido 2.484 muertes causadas por la epidemia. Pero la nación sufre al mismo tiempo otra epidemia, más letal que la del coronavirus: la proliferación de las armas.
En promedio, unos 36.000 norteamericanos mueren cada año en los Estados Unidos por armas de fuego, unos 100 por día, entre homicidios, suicidios y accidentes. En 2017, la cifra de víctimas fue de 39.773, la más alta en 40 años.
En comparación con otros 22 países de altos ingresos, la cantidad de homicidios con armas de fuego en los Estados Unidos es 25 veces mayor, a pesar de que su población es la mitad de la población combinada de los otros 22 países.
La demanda de la NRA en California es un intento por mantener las ganancias de las tiendas de venta de armas, que en 2018 tuvieron unos ingresos de $11.000 millones a nivel nacional. El negocio de la violencia no está dispuesto a quedarse sin munición.
