Por David Torres
Los7Días.com
El reciente apoyo que públicamente ha recibido a nivel nacional el programa de Acción Diferida para Quienes Llegaron en la Infancia (DACA) por parte de reconocidas entidades empresariales, así como de universidades y personalidades del ámbito académico, diplomático, de seguridad y de inteligencia, se ha convertido en una muestra más de los beneficios reales que ha recibido Estados Unidos con la regularización, aunque temporal, de los alrededor de 800 mil jóvenes amparados por esta protección migratoria.
Es decir, esta vez el respaldo a DACA y sus beneficiarios no viene solamente de grupos pro inmigrantes que han luchado incansablemente desde la creación de este programa en el gobierno anterior, sino de ese otro ámbito más especializado y con una plataforma de conocimientos más profunda, sobre todo a partir de análisis y de resultados de una realidad económico-migratoria que a todos compete, directa o indirectamente.
Grandes empresas
En su carta a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en su formato de amicus curiae, más de 140 grandes empresas aclaran, de entrada, que aportan trillones de dólares anuales a la economía estadounidense empleando a millones de trabajadores, entre los cuales se encuentran precisamente los jóvenes denominados Dreamers.
Así, como copartícipes de esta relación laboral, dicho grupo de empresarios demuestra, con el contenido de dicha carta, que comparte al mismo tiempo su responsabilidad legal y moral con quienes son el objetivo a eliminar por parte del gobierno actual, que los quiere desechar como si no aportaran exactamente igual que cualquier otro empleado de esas compañías.
Entra estas empresas se encuentran Google, Facebook, Verizon, Tesla, Ikea, Twitter, Western Union, Starbucks, IBM, por mencionar solo algunas de las más reconocidas, y las cuales declaran que los “inmigrantes han sido durante mucho tiempo parte esencial de la prosperidad y el crecimiento” de esta nación, y quienes han contribuido con importantes avances en ciencia y tecnología.
Pero no solo eso, sino que destacan también que los inmigrantes han creado negocios que generan alrededor de $775 mil millones en ventas y proveen una gran cantidad de empleos, pagando más de $300 mil millones en impuestos locales, estatales y federales. De ahí que muchas de ellas estén incluidas en la lista de Fortune 500, subraya la misiva a la Suprema Corte, que está lista a escuchar argumentos en favor y en contra de DACA el próximo 12 de noviembre.
De este modo, eliminar DACA, aseguran en su carta las empresas en cuestión, “causará un daño muy serio a las compañías estadounidenses, a los trabajadores y a la totalidad de la economía del país. Las empresas perderán valiosos empleados. Los trabajadores perderán empleadores y compañeros de trabajo. Nuestro PIB nacional perderá más de $460.3 mil millones, mientras que los ingresos fiscales se verán reducidos en aproximadamente $90 mil millones durante los siguientes 10 años”.
Con base en ese pronóstico, es fácil entender por qué se sumaron a la petición de preservar DACA universidades como Brown, Harvard y Yale, tres de las más prestigiosas casas de estudios en el país y en el extranjero, a fin de subrayar aún más la importancia humanitaria y económica que representan los jóvenes Dreamers que han demostrado fehacientemente que han sido un motor que ha dinamizado el presente capítulo de la historia de la migración en Estados Unidos en todos los sentidos.
Gobierno vs. Dreamers
Pero el empecinamiento del gobierno en contra de DACA y de los Dreamers y sus familias, la mayoría de los cuales son de origen latino, no tiene límites. Incluso, el mandatario estadounidense se ha atrevido a pedir a los magistrados de la Suprema Corte, vía Twitter, que cancelen el programa, aduciendo que los legisladores podrían “llegar a un acuerdo” para que los jóvenes “se queden en el país en muy poco tiempo”, siempre y cuando den por terminado DACA. Obviamente ninguna persona sensata daría crédito a esa propuesta que solo inspira desconfianza, sobre todo cuando proviene de quien ha atacado a los Dreamers y a sus familias de manera consistente y calculada.
Es de no creerse el bajo nivel con el que se aborda desde la administración un tema por demás humanitario y, por supuesto, conveniente para el sistema en que se basa el funcionamiento de esta sociedad. Las autoridades seguirán aduciendo que esos jóvenes no llegaron legalmente al país… y bla, bla, bla. La misma cantaleta de siempre y la misma cerrazón a entender un fenómeno imparable desde el inicio de la humanidad, como es el migratorio.
Pero una cosa queda clara, sin embargo, de esta batalla por los Dreamers en la que ahora las empresas más fuertes del país se han decantado por la defensa de los jóvenes, que son estadounidenses en todo, excepto en sus documentos: que cada vez más la conciencia en esta nación se aclara, no solamente en relación con el ámbito migratorio, sino sobre todo para mostrar su rechazo a la anomalía gubernamental que se ha enquistado en la Casa Blanca, que ha pretendido gobernar a partir del culto a la personalidad de quien detenta el poder y no de la Carta Magna que aún sostiene las estructuras de una democracia en riesgo.