Se está cometiendo una flagrante injusticia ante los ojos de funcionarios escolares, políticos, periodistas, instituciones religiosas y organizaciones de defensa de derechos humanos.
Por Emilio J. Sánchez
Los7Días.com
Los caminos del Infierno —ya se sabe— están empedrados de buenas intenciones. La idea de contar con un programa que garantiza, en corto tiempo, un certificado de enseñanza media superior puede que esté signada por los mejores designios, pero su ruta parece conducir al fracaso, que miles pudieran sentir algún día como aceite hirviente sobre sus espaldas.
A mediados de 2018 The Miami Herald reveló un posible acto ilegal contra adolescentes inmigrantes. A estos se les había negado, primero, el ingreso en High School dentro del distrito escolar de Miami-Dade y desviado hacia un programa especial para adultos. Se trata del General Education Development (GED) en su versión en español.
Aunque la idea de tratar como adultos a quienes no lo son parece, por sí sola, descabellada, la crítica mayor —social y éticamente hablando— era el procedimiento utilizado: “persuadirlos” acerca de las bondades del programa, por un lado; o “disuadirlos” de ingresar a una High School, por otro. Como último recurso los consejeros echaban mano a una supuesta regulación escolar que establecía un límite de edad para la matrícula.
Con fecha 20 de junio de ese año, la Junta Escolar —por iniciativa de uno de sus miembros, el Dr. Steve Gallon III— indicó al distrito que revisara el programa en el que durante años han sido encarrilados miles de jóvenes y cuya tasa de graduación anual, por lo general opaca, se calcula en cerca de 35 por ciento. La Junta, asimismo, anunció que volvería a analizar el tema en septiembre.
Para este artículo pregunté al Dr. Gallon si la Junta lo había examinado nuevamente y cuáles habían sido sus conclusiones. Este me proporciono información sobre su iniciativa de junio, pero, a pesar de varios intentos, no recibí la actualización que requerí.
Han pasado muchos meses y no parece que haya remedio para algo que nació torcido. Los pocos cambios introducidos merced a los señalamientos de la prensa (ahora los muchachos usan uniformes y tienen acceso a las instalaciones deportivas) no logran esconder las abismales diferencias de la oferta educativa que reciben adolescentes pertenecientes a categorías distintas de estudiantes.
La ley ignorada
En términos estrictamente legales, nada en la Constitución del país parece justificar la exclusión. La escuela pública es un pilar de la democracia americana, donde no deben de existir obstáculos para el acceso a la educación. Sin embargo, las leyes de ciertos estados —entre ellos la Florida— permiten el establecimiento de ciertos límites de edad para matricular en High School.
Por cierto, en el sitio web del distrito escolar Miami-Dade no aparece tal regulación. El hecho de aplicarse en numerosas escuelas y en otros condados sugiere que pudiera tratarse de una disposición interna que se prefiere en la sombra.
En concreto, esta lo desaconseja si el joven tiene más de 16 años, y se entiende. Sin dominio del inglés le será difícil aprobar las asignaturas que se imparten en ese idioma y graduarse en un período de 2-3 años. Tampoco parece muy conveniente colocar, en una misma aula, a adolescentes de 15 años y jóvenes de 20.
Con todo, es dable pensar que dentro de esos inmigrantes de 16 y 17 años hay muchos con muy buena formación y resultados académicos impecables: ¿qué pasa si quieren hacer el esfuerzo? ¿No estaría la escuela cortándoles las alas? ¿Acaso no aprendimos de nuestros maestros que hay que luchar por lo valioso y que uno puede conseguir su sueño si se lo propone seriamente?
Desde el famoso caso Lau vs. Nichols (1974) —y luego Plyler vs. Doe (1982)—, varios distritos escolares se han visto enredados en demandas por supuestamente violar la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Por ley, los estados deben garantizar el acceso a una instrucción de calidad (meaningful education), lo cual supone que el contenido de la enseñanza sea asequible aun a aquellos que no dominan el idioma (ello explica la función de los maestros del llamado Curriculum Content in the Home Language, o sea, contenido en el idioma autóctono). Lo incomprensible es que el diseño del programa de GED en español no incluya como prioridad el inglés.
Guiándonos por la jurisprudencia, ese programa no contribuye a “superar las barreras del idioma”, como dispuso el tribunal en el caso Castañeda vs. Pickard (1981) o no brinda suficientes recursos a quienes aprenden inglés, como se fijó en el caso Flores vs. Arizona (2000). Además, en la práctica, separa —segrega— a estudiantes inmigrantes de otros adolescentes de su misma condición, ignorando lo establecido en el caso United States vs. State of Texas (1982).
En suma, desde su propia génesis, el programa contradice la Equal Educational Opportunities Act (Ley de Igualdad de oportunidades educativas) de 1974. No en balde los distritos escolares de los condados Palm Beach y Collier enfrentan demandas legales por negar a inmigrantes la matrícula en High School.
En el caso de Miami-Dade, el Southern Poverty Law Center, con sede en Montgomery, Alabama, intervino meses atrás a favor de aquellos a quienes se había negado el ingreso a High School. Según el Departamento de Educación de la Florida, 1,800 de jóvenes, entre 15 y 17 años, han sido desviados hacia cursos de adultos durante el curso escolar 2016-2017 y, en opinión de los abogados del centro, ello “viola las leyes federales y estatales”.
Casos aislados que se dieron a conocer (no llegan a cinco) fueron resueltos de inmediato, pero el mal sistémico se dejó intacto. Actualmente hay una demanda en proceso de cuyo resultado pudiera depender el futuro de miles de jóvenes inmigrantes.
La papa caliente
Nadie duda de que recibir a estudiantes sin dominio del inglés constituye un serio reto para una High School. Ante todo, puede verse afectada en las evaluaciones, de las cuales depende su propia existencia (si una escuela reincide en obtener una deficiente calificación podría ser clausurada). Además, una nota baja podría significar que los maestros no recibirán los bonos con los cuales compensar sus magros salarios.
Al parecer, desembarazarse de estudiantes potencialmente conflictivos puede estar en el interés de muchos.
Lamentablemente, la deleznable práctica de “persuadir” a estudiantes para que cursen el GED en español sigue en pie. Los consejeros (¡desaconsejables consejos!) argumentan que es lo que más les conviene (“es fácil”, “es corto”, “es rápido”); o les dicen que están “pasados de edad” y que “suspenderán los exámenes estandarizados”.
Se alega que los propios jóvenes, y hasta los padres, acogen de buen grado la propuesta. Burda justificación. Muchos jóvenes no saben todavía lo que les conviene; les falta madurez, experiencia y no tienen información sobre el sistema de educación en el nuevo país y muchos menos sobre el mercado laboral.
Ciertas palabras como “fácil”, “rápido” y “en español” resultan tan seductoras como los cantos de sirena que Odiseo escuchó amarrado al mástil de su embarcación. A esos jóvenes les falta aún por constatar una verdad esencial: nada que sea fácil posee realmente valor. En cuanto a los padres, desinformados e ingenuamente convencidos de que la escuela es un lugar sagrado de donde solamente puede provenir la “luz de la verdad”, ¿qué pueden hacer?
Teacher por un mes
Durante el mes de diciembre de 2018 tuve la oportunidad de impartir clases de ESOL (Inglés para estudiantes de otras lenguas) en el programa de GED en español y conocer las preocupaciones e intereses de esos jóvenes. Lo que descubrí durante mi paso por dos escuelas del distrito escolar confirma la aseveración del principio: estamos ante una escandalosa práctica de exclusión.
Sobre ello me extenderé en la próxima entrega.
