Andrés Hernández Alende
Los7Dias.com
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, acaba de anunciar cambios a las leyes sobre armas en esa nación del Pacífico sur.
La decisión de la gobernante se produce unos días después de la matanza cometida por un supremacista blanco contra musulmanes en la ciudad neozelandesa de Christchurch, el 15 de marzo.
El supremacista australiano Brenton Tarrant asesinó a 50 personas en dos mezquitas de esa ciudad. Tarrant había adquirido un arsenal gracias a que las leyes de Nueva Zelanda sobre la tenencia de armas no son tan estrictas como en otros países, aunque sí más rigurosas que en los Estados Unidos.
Ahora eso va a cambiar. La primera ministra Ardern dijo que el gobierno prohibirá las armas semiautomáticas tipo militar, los fusiles de asalto y los cargadores de gran capacidad. También se implementará un programa mediante el cual el gobierno recompensará a los que entreguen sus armas. Se espera que la medida entre en vigor el mes próximo.
Otra actitud en Washington
Qué diferencia con la actitud de los políticos en Washington. En los Estados Unidos, las matanzas cometidas con fusiles de guerra son frecuentes y, sin embargo, el gobierno no ha hecho nada. Ni siquiera después de la masacre en una escuela secundaria de la localidad floridana de Parkland, el 14 de febrero de 2018, en la que un joven criminal llamado Nicholas Cruz asesinó a 17 personas, entre estudiantes y profesores, los legisladores de Washington tomaron medidas para controlar el inusitado y peligroso armamentismo en la nación. En los Estados Unidos hay más de 300 millones de armas, aproximadamente una por cada habitante, aunque solo las tienen el 38 por ciento de los hogares. Hay una relación directa entre la cantidad de armas y el índice de crímenes, aunque los fabricantes y muchos políticos no lo quieran reconocer.
Una matanza en Nueva Zelanda bastó para que el gobierno entrara en acción para evitar que se repita el horror. Pero en los Estados Unidos, el poderoso lobby de la industria de las armas ejerce una influencia decisiva en Washington e impide que se promulguen leyes enérgicas para desarmar a los asesinos. Los cabilderos y los políticos anteponen sus intereses económicos a la seguridad ciudadana.
